El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera total la producción, importación, venta y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país.
El dictamen fue avalado con 76 votos a favor, 37 en contra y una abstención, y establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos productos.
Prohibición total y penas de prisión
La reforma fija sanciones penales y administrativas para quienes participen en la cadena de producción y distribución de vapeadores.
El castigo máximo contempla hasta ocho años de cárcel, además de multas, lo que convierte esta medida en una de las más severas en materia de control de productos de nicotina en México.
Uno de los puntos que generó mayor atención durante el debate fue la situación legal de los usuarios.
El texto aprobado aclara que el consumo y la posesión personal de vapeadores no serán sancionados, por lo que la persecución penal se concentrará exclusivamente en fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores.
Argumentos sanitarios del gobierno
La reforma respalda la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se justifica en los riesgos a la salud asociados al vapeo, así como en el crecimiento del mercado negro.
Aunque desde 2022 la importación y comercialización de estos dispositivos está prohibida, su venta persiste en plataformas digitales, puestos informales y comercios sin supervisión sanitaria.
El nuevo capítulo incorporado a la ley define a los vapeadores como cualquier sistema capaz de calentar, vaporizar o atomizar sustancias líquidas, geles, ceras, aerosoles o resinas, con o sin nicotina, destinadas a ser inhaladas.
Legisladores oficialistas señalaron que estos productos se promueven entre adolescentes mediante sabores atractivos y estrategias de mercadotecnia agresivas.
Debate político y advertencias
Durante la discusión, senadores de oposición advirtieron que una prohibición total podría fortalecer al mercado informal y al crimen organizado, además de dejar a los consumidores sin información clara sobre lo que inhalan.
También alertaron que prohibir sin regular puede generar abusos y no frenar el acceso de menores.
En contraste, legisladores de Morena y partidos aliados defendieron la reforma al señalar que el vapeo se ha convertido en el producto de nicotina más consumido entre jóvenes.
Datos presentados en tribuna indican que en 2024 más de 1.6 millones de estudiantes reportaron haber usado vapeadores, lo que fue calificado como una epidemia silenciosa.
Los cambios aprobados deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
Con ello, la Ley General de Salud establece un nuevo marco legal que castiga con severidad la venta de vapeadores, pero excluye de sanción a los consumidores, en un intento por frenar su expansión sin criminalizar a los usuarios.
