En medios de comunicación se dijo que desde que Samuel García Sepúlveda llegó al gobierno de Nuevo León en 2021, las licitaciones en el sector salud han despertado cuestionamientos.
De acuerdo con fuentes internas, al menos cinco contratos habrían sido otorgados a empresas vinculadas con su cuñado, Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez Cantú.
Rodríguez Cantú, médico de profesión, habría fundado o participado en al menos 10 empresas, ocho de ellas enfocadas en servicios hospitalarios y farmacéuticos.
Entre las más señaladas está Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V., que figura como proveedora de materiales de curación y quirúrgicos en Nuevo León y también en Jalisco, ambos gobernados por administraciones emanadas de Movimiento Ciudadano.
Los montos no son menores. En 2022, bajo una licitación para insumos médicos en hospitales materno-infantiles, la empresa recibió más de 70 millones de pesos.
En 2023 obtuvo otro contrato por 8.7 millones; en 2024, uno por más de 68 millones; y en 2025, un adicional por 128 mil pesos.
En total, la cifra supera los 147 millones de pesos destinados a la misma red empresarial.
Mientras tanto, en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe se reportan quejas por saturación, falta de insumos y sobrecarga laboral.
Las inconformidades han llegado incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, donde se documentan deficiencias en el servicio.
La situación ha generado dudas sobre la efectividad de los contratos otorgados.
El caso podría escalar aún más. La Fiscalía General de la República abrió una investigación por una presunta triangulación de recursos que involucraría hasta mil millones de pesos hacia empresas relacionadas con el entorno familiar del gobernador.
Entre las líneas de indagatoria se menciona el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., vinculado al mandatario y a su padre.
Las autoridades no han emitido una postura definitiva sobre las acusaciones, pero el tema ya se encuentra bajo revisión.
En medio de señalamientos por posible conflicto de interés, la polémica crece y coloca al gobierno estatal en el centro del debate público.
