La detención de Jesús Ricardo “N”, señalado por autoridades federales como presunto líder del grupo conocido como los Petrofactureros, continúa generando información sobre sus actividades empresariales y legales.
Ahora trascendió que compañías vinculadas a Grupo Maqlub México sostuvieron durante varios años una disputa jurídica contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con registros judiciales, empresas como Maqlub Regio Inmobiliaria promovieron diversos juicios de amparo en contra de ambas instituciones federales.
Uno de los expedientes más recientes, identificado con el número 223/2025, fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León y mantenía movimientos procesales hasta mayo de 2026.
Los registros también muestran otros recursos legales promovidos desde 2024 por compañías relacionadas con el mismo grupo empresarial, entre ellas Maqlub Construcciones y Maqlub Regio Inmobiliaria.
Sin embargo, la información disponible no detalla si las suspensiones solicitadas fueron concedidas de manera provisional o definitiva.
Además de los amparos, Jesús Ricardo “N”, como representante legal de empresas del grupo, aparece involucrado en un juicio oral mercantil iniciado en 2025 por la rescisión de un contrato contra una compañía comercializadora, lo que refleja una serie de procedimientos legales paralelos a las investigaciones federales.
El pasado 29 de mayo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) capturaron a Jesús Ricardo “N” en Nuevo León.
Las autoridades lo identifican como presunto integrante de una red dedicada a simular actividades empresariales mediante compañías que, según las investigaciones, carecían de infraestructura operativa real.
La FGR sostiene que la organización tendría vínculos con más de 40 empresas relacionadas con los sectores logístico, energético y de transporte.
Mientras continúan las indagatorias, las autoridades federales analizan la operación de las compañías involucradas y la posible participación de otras personas físicas y morales en la presunta red de facturación simulada.
