La nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvió a encender la indignación de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Los padres y sus representantes legales acusaron que el organismo cambió de rumbo y prácticamente liberó al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad directa en los hechos ocurridos en 2014.
El abogado de las familias, Isidoro Vicario, aseguró que la recomendación, integrada por 876 páginas, fue elaborada sin consultar a los padres ni a su equipo jurídico.
Calificó esta decisión como una falta de respeto al dolor de las víctimas y criticó que la CNDH actuara de forma unilateral en un caso que sigue sin resolverse.
Vicario rechazó que la CNDH sostenga que la participación militar aquella noche se limitó a tareas de vigilancia e intercambio de información.
Afirmó que esa conclusión contradice las investigaciones realizadas durante años y deja fuera elementos que, según dijo, apuntan hacia responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas.
El representante legal también acusó al organismo de intentar desacreditar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Equipo Argentino de Antropología Forense y de las organizaciones que han acompañado el caso.
Señaló que existen pruebas de que la Secretaría de la Defensa Nacional monitoreó en tiempo real los movimientos de los estudiantes mediante el sistema C4 y recordó que un juez federal ordenó en febrero de 2026 entregar 853 folios que, aseguró, permanecen ocultos.
Aunque la nueva recomendación aumentó el número de víctimas directas reconocidas, de 83 a 92 personas, el abogado sostuvo que ese cambio no responde a la principal exigencia de las familias: conocer el paradero de los estudiantes y castigar a los responsables.
Añadió que, desde que las investigaciones alcanzaron a integrantes del Ejército, el proceso quedó prácticamente detenido y ya no registró avances importantes.
Con el aniversario número 12 de la desaparición cada vez más cerca, los familiares adelantaron que fijarán una postura formal ante el Estado mexicano.
Insisten en que la justicia continúa incompleta y consideran que la nueva recomendación de la CNDH representa un retroceso en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.
