En el Congreso de Nuevo León se abrió una discusión que va más allá de cuántas reformas se aprueban cada año: ¿de dónde sale el dinero para convertir las obligaciones legales en servicios y resultados? La diputada Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, señaló que una parte muy amplia de las leyes estatales no tiene identificado de forma clara el costo de su aplicación.
Según las cifras expuestas por la legisladora, de 173 ordenamientos revisados únicamente 29 cuentan con impacto presupuestal claro. La diferencia es de 144 leyes, aunque eso no significa necesariamente que todas estén incumplidas o carezcan por completo de asignaciones de dinero.
Una cosa es legislar y otra financiar
Una disposición puede ordenar ampliar una atención, crear un mecanismo de vigilancia o fortalecer un programa. Pero si no se conoce cuánto cuesta ponerla en práctica ni qué dependencia recibirá los recursos, su aplicación puede enfrentarse a obstáculos y demoras.
De la Garza plantea revisar los ordenamientos vigentes para identificar cuáles necesitan recursos y llevar esa información al debate del Presupuesto 2027. El objetivo declarado es vincular la creación de obligaciones públicas con su costo y su financiamiento.
La discusión llegará al paquete fiscal
La revisión deberá distinguir entre leyes que requieren nuevas partidas, aquellas cuyos costos ya están cubiertos por presupuestos existentes y otras que no implican gasto directo. Esa diferencia importa para evitar que una cifra general se convierta en un diagnóstico impreciso.
Las cifras planteadas en el Congreso
173: ordenamientos legales considerados en la revisión.
29: con impacto presupuestal identificado, según la diputada.
144: diferencia entre ambos grupos; no equivale automáticamente a 144 leyes incumplidas.
2027: ejercicio fiscal en el que se pretende discutir su financiamiento.
Más allá del intercambio partidista, la pregunta de fondo es cómo evaluar si cada obligación aprobada cuenta con los recursos y las herramientas necesarios para funcionar. La propuesta de revisión presupuestal todavía debe traducirse en decisiones concretas dentro del proceso legislativo.
