La periodista de investigación Alejandra Crail afirmó en una entrevista que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2019 irregularidades y una deficiente planeación en la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico, en el tramo donde ocurrió recientemente un descarrilamiento con saldo de 13 personas muertas y decenas de heridas.
Explicó que los hallazgos provienen de auditorías realizadas a los primeros contratos del proyecto, considerado prioritario para el desarrollo del sureste mexicano, y que fue fragmentado en distintas etapas, lo que impidió una supervisión técnica integral de las obras.
Irregularidades en la Línea Z
Se detalló que la auditoría al contrato firmado en julio de 2019 para el tramo Mogoñé–La Mata, en Oaxaca, reveló que los contratistas no contaban con la capacidad técnica suficiente para enfrentar la compleja geografía de la región.
Según el reporte oficial, la ASF identificó pendientes y curvaturas elevadas en una zona montañosa, así como ondulaciones del terreno y obstáculos naturales que afectaban la alineación de la vía férrea, sin que existieran estudios completos para mitigar estos riesgos.
Responsabilidades
La ASF consideró que la rehabilitación inició sin contar con estudios y proyectos ejecutivos concluidos, lo que impidió a los licitantes presentar propuestas técnicas solventes y garantizó condiciones de riesgo desde el arranque del proyecto.
El contrato inicial, otorgado por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), fue rescindido, y el órgano fiscalizador solicitó investigar y sancionar a los servidores públicos que permitieron la continuidad de los trabajos pese a las deficiencias detectadas.
No obstante, hasta la fecha no existe claridad sobre si dichas irregularidades fueron corregidas en contratos posteriores ni sobre las razones formales de la rescisión, ya que la información de las contrataciones tampoco está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Las auditorías subsecuentes identificaron nuevas inconsistencias, incluidos presuntos daños a la Hacienda pública por reportes de maquinaria no comprobada y conceptos de obra no previstos, en contratos otorgados durante los primeros años del proyecto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
