En una acción que reaviva el interés por una de las investigaciones más amplias sobre corrupción y desvío de recursos en México, Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, donde permanece recluido en el centro de procesamiento Krome North SPC.
De acuerdo con reportes oficiales, su arresto obedece a un asunto migratorio, aunque su nombre figura desde hace años en diversos expedientes por lavado de dinero y delincuencia organizada. La detención fue notificada por autoridades migratorias estadounidenses y, si bien no está directamente relacionada con los procesos fiscales abiertos en México, podría derivar en un procedimiento de extradición.
Según información publicada por El Heraldo de México, Álvarez Puga lleva casi un mes privado de la libertad, mientras se define su situación migratoria. El periodista Darío Celis explicó que el empresario fue detenido por representantes de migración debido a irregularidades en su estatus legal en Estados Unidos, y comparó su caso con el de otros exfuncionarios mexicanos que han enfrentado procesos similares, como Carlos Treviño.
Álvarez Puga, abogado y fundador junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado en México por el presunto uso de empresas fantasma y la orquestación de operaciones ilícitas para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
Este bufete, con presencia en 45 ciudades del país, se encuentra bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participación en una red que habría facilitado el lavado de dinero y la malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.
El llamado caso Álvarez Puga está vinculado con una presunta red de corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra Víctor y Alejandro Álvarez Puga, así como contra Inés Gómez Mont, por su presunta implicación en un esquema de licitaciones simuladas y documentos falsificados para desviar recursos bajo el argumento de seguridad nacional.
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