Vacíos legales mantienen impunidad
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019 y sancionado en el Código Penal Federal desde 2023, 25 entidades aún no tipifican como delito la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.
Esta omisión legal permite que agresores queden impunes frente a la violencia psicológica, sexual y económica, pese a que los estados ya modificaron constituciones y códigos civiles para impedir estas uniones.
Actualmente, solo siete estados —Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas— contemplan en sus códigos penales el delito de cohabitación forzada, con penas de ocho a 15 años de prisión.
A esta lista se sumó Chiapas, que el 30 de enero aprobó reformar su Código Penal para incluir la misma sanción, mientras que en otros 18 estados las iniciativas permanecen sin discusión ni votación legislativa.
Un problema estructural y persistente
Datos oficiales revelan que al menos 27 mil 800 niñas y adolescentes estaban casadas o unidas en 2020, principalmente en comunidades indígenas. Entre 2014 y 2024 se registraron más de 74 mil matrimonios con al menos una persona menor de edad.
Especialistas advierten que estas uniones forzadas implican violencia sexual, embarazos tempranos, dependencia económica y control, creando un círculo del que resulta difícil escapar.
Casos recientes reavivan la alarma
En Nuevo León, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, visibilizó casos de menores embarazadas, incluyendo una adolescente de 14 años con embarazo de alto riesgo y otro de una joven de 15 años que ya dio a luz.
La funcionaria subrayó que se trata de posibles abusos sexuales que deben denunciarse y advirtió que estos casos reflejan un problema estructural de violencia, falta de educación sexual y omisión institucional.
