El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presiente”, enfrentó graves señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que una regidora del Ayuntamiento declarara ante autoridades federales que el edil tenía en la nómina municipal a extranjeros, entre ellos colombianos, así como personas provenientes de Michoacán, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Nómina irregular y presencia extranjera
De acuerdo con la declaración, en la administración municipal operaban personas cuya procedencia no estaba plenamente identificada, incluyendo ciudadanos colombianos y sujetos vinculados a zonas de operación del CJNG.
La funcionaria afirmó que se trataba de integrantes del cártel que formaban parte de la estructura del gobierno local.
Protección del crimen organizado
La regidora aseguró que Rivera Navarro contaba con “padrinos del crimen organizado” y que utilizaba personas armadas para extorsionar a comerciantes y empresarios mediante un sistema de multas ilegales y cierres de negocios, lo que configuraba un esquema de control criminal desde el poder municipal.
Señalamientos directos
En su testimonio, la funcionaria lo calificó como un “narco político” y afirmó que el edil portaba armas incluso antes de ser presidente municipal. También declaró que sabía que trabajaba para el CJNG, organización criminal con fuerte presencia en Jalisco y Michoacán.
Vinculación con el CJNG
Las acusaciones coinciden con información sobre la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, que recluta mercenarios colombianos y centroamericanos por su experiencia militar, principalmente para el control territorial y el enfrentamiento con grupos criminales rivales en la región occidente del país.
Control de la seguridad pública
La regidora sostuvo que Rivera Navarro brindó protección institucional al CJNG desde que fue regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, permitiendo que la organización criminal utilizara recursos de seguridad municipal para sus operaciones.
Investigación federal en curso
Las declaraciones forman parte de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el edil y miembros de su gabinete. La investigación continúa en curso por presuntos delitos de delincuencia organizada, corrupción y abuso de poder.
