Entre 2023 y 2025, los partidos políticos en México reportaron contratos por 452 millones de pesos destinados a propaganda en internet y redes sociales, de acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de información pública.
El gasto incluye servicios de pauta publicitaria, producción de contenido y estrategias de comunicación digital.
Casi la mitad de esos recursos se concentró en cuatro empresas: Nauka Comunicación Estratégica, AMX Contenido, Creación y Difusión de Contenido Web —empresa detrás del canal de YouTube Badabun— y Element Media. Estas compañías recibieron contratos de diversos partidos para operar campañas digitales y difusión de mensajes políticos en plataformas en línea.
La cifra identificada es parcial.
El Instituto Nacional Electoral reportó que solo en 2024 los partidos gastaron más de 466 millones de pesos en propaganda en redes sociales durante las campañas de las elecciones federales.
Sin embargo, la plataforma del organismo no detalla el destino específico de esos recursos ni las empresas contratadas.
La empresa Nauka Comunicación Estratégica concentra la mayor cantidad de contratos.
Partido Movimiento Ciudadano le asignó más de 118 millones de pesos para estrategia digital, pauta publicitaria y manejo de redes sociales. Entre esos contratos destaca propaganda digital para la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez en 2024.
Otra empresa con contratos relevantes es AMX Contenido, vinculada al conglomerado de telecomunicaciones América Móvil, propiedad del empresario Carlos Slim. Esta firma firmó acuerdos con el Partido Verde Ecologista de México por más de 50 millones de pesos para difusión de anuncios y pauta digital.
Creación y Difusión de Contenido Web, responsable del canal Badabun, también obtuvo contratos del Partido Verde por más de 28 millones de pesos.
La empresa ha sido señalada por organizaciones civiles y medios por presunta difusión de desinformación y por el uso de tácticas de “notificación y retirada” para eliminar videos críticos de plataformas digitales.
Analistas advierten que la mercadotecnia digital y el uso de influencers facilitan mover recursos difíciles de rastrear.
Expertos señalan que la falta de coordinación entre el INE, la fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como el uso de efectivo, generan espacios de opacidad que complican la fiscalización del gasto político en internet.
