Un Tribunal Federal ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al concluir que no existían pruebas suficientes para relacionarlo con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI asesinado en 1994.
La resolución también echó abajo la teoría del supuesto segundo tirador, impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la gestión de Alejandro Gertz Manero.
Además, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el delito que se le atribuía al exfuncionario prescribió hace 12 años.
Revocaron la prisión y cerraron el caso
En su resolución, el Tribunal revocó el auto de formal prisión que un juez federal había dictado en noviembre de 2025 y decretó el sobreseimiento de la causa penal, lo que significó el cierre definitivo del proceso por ese delito.
Asimismo, ordenó la inmediata libertad de Sánchez Ortega respecto de esta investigación, aunque aclaró que podría continuar preso si enfrenta otros procesos distintos.
Los magistrados concluyeron que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.
Entre las pruebas que originalmente fueron consideradas estaban la declaración de una excompañera de trabajo de Mario Aburto Martínez y una chamarra con rastros de plomo, indicios que habían sido utilizados para presumir una posible participación del exagente.
La FGR ya no podrá impugnar
Con esta resolución, la FGR ya no podrá continuar el proceso penal. La única vía para reabrir la discusión sería mediante un juicio de amparo promovido por las víctimas, es decir, la familia de Luis Donaldo Colosio.
Sin embargo, los familiares del excandidato presidencial se han pronunciado en distintas ocasiones por dar por concluido el caso e incluso han pedido la liberación de Mario Aburto.
El asesinato de Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión como autor material del crimen y su sentencia permanece vigente hasta 2039, luego de que la Suprema Corte mantuviera firme el proceso en 2024.
