El Gobierno federal reconoció que la reforma constitucional impulsada para limitar las llamadas “pensiones doradas” contiene una contradicción que impide aplicar uno de sus principales cambios, por lo que será necesario interpretar la norma de otra manera.
De acuerdo con un oficio firmado por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, el artículo 127 de la Constitución establece dos límites incompatibles.
Mientras el salario máximo de los servidores públicos es el de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma también fijó un tope para las pensiones equivalente a la mitad de ese ingreso.
La Consejería Jurídica explicó que ambas reglas no pueden aplicarse al mismo tiempo, ya que las pensiones se calculan con base en el salario que recibió el trabajador durante su vida laboral.
Por ello, determinó que debe prevalecer el límite equivalente al sueldo presidencial.
Con esta interpretación, el tope que establecía que las pensiones no podían superar el 50 por ciento del salario de la presidenta quedó, en la práctica, sin efecto. A
ctualmente, las dependencias federales mantienen como límite el ingreso mensual neto presidencial, de 134 mil 290 pesos.
La reforma fue presentada por Claudia Sheinbaum como parte de su política de austeridad y fue aprobada por el Congreso sin cambios.
Sin embargo, la contradicción detectada obligó al Gobierno a emitir un criterio para mantener la aplicación de las pensiones bajo el límite del salario presidencial.
