La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que corresponde al propio Poder Judicial informar de manera detallada sobre la compra, su justificación en materia de seguridad y los criterios administrativos utilizados.
Información solicitada vía Gobernación
La mandataria explicó que solicitó información oficial a través de la Secretaría de Gobernación, luego de conocer versiones periodísticas sobre el costo de los vehículos, cuyos precios sin blindaje oscilan entre un millón 100 mil y un millón 800 mil pesos.
Argumento de ahorro millonario
Sheinbaum detalló que el comité de administración del Poder Judicial le informó que la compra sustituyó un contrato previo de renta de vehículos, decisión que —según la nota institucional— habría generado un ahorro superior a mil millones de pesos para el erario.
Corte debe transparentar la decisión
No obstante, la presidenta subrayó que es responsabilidad exclusiva de la Suprema Corte explicar públicamente si la adquisición responde a riesgos o amenazas específicas contra las ministras y ministros, así como los motivos que llevaron a optar por la compra de unidades blindadas.
Gobierno no emite juicios
Sheinbaum enfatizó que su gobierno únicamente dio cuenta de la información recibida de manera institucional y evitó emitir valoraciones adicionales. “Todo ello tiene que informarlo la Corte”, sostuvo al reiterar que se trata de un asunto interno del Poder Judicial.
Evaluación del nuevo pleno
En otro tema, la presidenta fue cuestionada sobre el desempeño del nuevo pleno de la SCJN, que desde septiembre pasado ha emitido resoluciones favorables a reformas impulsadas en el sexenio anterior, incluida la que amplía facultades a la presidencia del INE.
Sesiones públicas y criterios legales
Ante señalamientos de una posible inclinación política, Sheinbaum rechazó opinar y recordó que las sesiones del máximo tribunal son públicas, a diferencia de etapas anteriores. Añadió que, como ocurrió también durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Corte tiene como función central definir la constitucionalidad de las leyes con base en criterios jurídicos.
